Estudio comparativo de las leyes de servicios audiovisuales en Francia y Argentina

La investigación que se llevó a cabo en nuestra Facultad tuvo como objeto conocer e identificar los problemas que enfrentan Argentina y Francia ante el actual estado de la regulación pública de los medios de comunicación audiovisual.  

Dirigida por Susana Frutos, la investigación comparó las normativas: “Somos testigos del intento de transformación estructural del sistema de medios, la más importante que se haya llevado a cabo en Argentina en democracia”.

El conocimiento y la identificación de los problemas que enfrentan Argentina y Francia ante el actual estado de la regulación pública de los medios de comunicación audiovisual fue el objeto de estudio de una investigación de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). “Una de las principales motivaciones para esta investigación fue el hecho de que la normativa francesa sobre lo audiovisual fue uno de los principales antecedentes de nuestra actual norma específica sobre este tema. Tanto en Francia como en Argentina la producción científica sobre las políticas de comunicación tiene relevancia en los organismos académicos y profesionales del campo de la comunicación”, detalló Susana Frutos, directora del proyecto de investigación denominado “Regulación de medios audiovisuales. Estudio comparativo entre la Unión Europea y el Mercosur: los casos de Francia y Argentina” que se llevó adelante en el marco del programa de cooperación franco argentino que promueve proyectos conjuntos de investigación entre universidades de ambos países.

Frutos, doctora en Comunicación por la UNR y profesora de la Facultad, reflexionó sobre las regulaciones en ambos países a través de un enfoque comparativo que realizaron la Universidad Nacional de Rosario y la Universidad Toulouse.

“La regulación francesa sobre comunicación audiovisual probablemente es una de las más extensas dentro de las sociedades contemporáneas y comprende todos los medios de comunicación tradicionales así como los mecanismos derivados de la actual convergencia tecnológica”, indicó Frutos.

Asimismo, explicó que “los principales objetivos de esa legislación son la protección de la diversidad y la libertad de expresión, de modo que la protección de estos aspectos de la vida social y cultural se garantizan en tres ámbitos: el derecho comunitario, el derecho común francés y la legislación específica promulgada para este ámbito en Francia. Los pilares de los fundamentos de esta legislación específica son la protección del pluralismo político, llamado pluralismo interno, y las medidas anticoncentración, es decir el pluralismo externo”.

El mismo análisis se realizó del lado argentino, donde la directora del doctorado en Comunicación Social reconoció que en el país durante los años anteriores a la sanción de la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, “asistimos a una acción política fuertemente marcada por el aspecto comunicacional, tanto en las distintas modalidades de participación como en el lugar relevante de los medios, particularmente la televisión”.

Para Frutos, distintos sectores de la sociedad vieron la importancia de discutir los contenidos de una nueva política de comunicación. “Surgió una necesidad de ubicar el problema de la mediatización de la sociedad interrogando sobre la libertad y los derechos de las personas en relación con el acceso a la producción de sentido en la post dictadura. Y todo ello implicaba pensar las políticas, las instituciones y también el sector empresarial, que se involucraría en los nuevos caminos a recorrer”, apuntó.

Como parte del estudio, Frutos exploró la historia de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. “El surgimiento del sistema argentino de medios audiovisuales comienza con la creación de la radio en 1927. La televisión aparece en 1952 de modo experimental y entre 1957/1963 en forma comercial, se crearon casi todos los canales de aire privados llegando a un total de 41 privados y uno estatal canal 7, con la televisión a color (1978/1980). En cuanto a la legislación, el antecedente es el decreto ley 22285/80 que con la firma de la junta militar y los ministros de Interior y Economía de la dictadura que gobernó entre 1976 y 1983”.

También, agregó: “El decreto ley 22285 continuó regulando el sistema audiovisual desde la restauración democrática hasta octubre de 2009, en que se sancionó la ley actual (26.522). Y no ha sido casualidad que, a pesar de la gran cantidad de proyectos de ley presentados en el Congreso para modificar la anterior, éstos nunca habían conservado siquiera su estado parlamentario. Raúl Alfonsín intentó su modificación encargando un estudio que coordinó Carlos Nino sobre legislación comparada sentando las bases para la realización de consultas a todos los actores involucrados en la radiodifusión, proceso que quedó trunco. Los 10 años de gestión de Menem sólo instalaron el tema a través de algunos decretos leyes como la derogación del artículo 45 de la ley 22285”.

Esta investigación arrojó como experiencias concretas la realización de dos Coloquios Internacionales, uno en Francia y otro en la UNR, de los que participaron docentes e investigadores de la Universidad y la publicación de un libro con los resultados de los estudios realizados. “La importancia de este trabajo radicó en la contribución al desarrollo de equipos de investigación entrenados así como en el intercambio con otras universidades, las posibilidades de poner a prueba las competencias específicas de nuestros investigadores, en particular dentro de un campo específico como el de los estudios de la comunicación, recientemente reconocido como campo con autonomía disciplinar dentro de los organismos oficiales que acreditan la investigación científica en nuestro país”, concluyó Frutos.

Por Silvana Di Stefano

Fuente: Página12