Cambios en las políticas sobre infancia

En nuestro país desde el año 2005 con la sanción de la “Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y adolescentes” el mundo de las infancias se encuentra en constantes cambios.

Un grupo de docentes e investigadoras de nuestra facultad se encuentra realizando un seguimiento sobre el impacto de esa ley  a nivel local, focalizando en las medidas  excepcionales, desde las percepciones de los niños alojados en el Hogar Colonia Astengo del Gran Rosario.

Entrevistamos a la Lic. en Trabajo Social Sandra Ripoll, una de las integrantes del equipo de investigación, quien nos relata  los aspectos generales del estudio y las problemáticas instauradas a partir de esta ley.

 

Una infancia

Sancionada durante la presidencia de Néstor Kirchner, esta ley, toma como fundamento el reconocimiento de los derechos establecidos a partir  dela Convención Internacionaldel Niño en 1989 y su incorporación ala ConstituciónNacionalde nuestro país en 1994, eliminando las contradicciones generadas a partir de éstas con la vigencia de la Ley de Patronato de Menores (nº10.903) promulgada a principios de siglo XX.

Su implementación  genera  modificaciones profundas que señalan un cambio de paradigma en el tratamiento sobre las problemáticas de las infancias,  al considerar a todos los niños como sujetos de derechos y responsabilizar al estado como garante de los mismos.

“La antigua ley de patronato de menores marcaba  una división simbólica de la infancia,  es decir, no había una ley para todos los niños. Se diferenciaba al niño que tenía una familia  y  estaba escolarizado,  del que se encontraba en riesgo social y tenía como único camino la minoridad. Este último se lo alojaba en  un hogar por la judicialización de su situación  y ésta se hacía en nombre del peligro moral y material que le provocaba su familia”; explica la investigadora y menciona que a “el niño más que pensárselo como un sujeto que tenía derechos, se lo tomaba como un objeto de protección alejándolo de la familia. Con la nueva ley, se contempla a todos bajo los mismos derechos, y  el sentido por el cual  se los interna es en nombre del respeto a esos derechos que han sido vulnerados para ser luego restituidos”.

Según comenta la investigadora, estas transformaciones implican empezar a pensar a la política pública como garante de derecho, por lo que se debe construir toda una nueva institucionalidad y cambiar las estructuras organizativas de la misma: “por eso en primera instancia como investigadoras fuimos a ver qué cambios efectivamente se realizaban en las prácticas concretas”.

Para la  Lic. Ripoll, uno de los cambios más significativos y de mayor trascendencia es el corrimiento de los Juzgados de Menores de esta problemática. “El viejo régimen tutelar estaba compuesto por institutos de menores regidos por una lógica judicial, y lo interesante es que ahora, con la nueva ley, este sistema  no tiene más incumbencia, y se reemplaza por uno nuevo denominado “sistema de protección integral”, detalla la licenciada  y manifiesta que  con éste “todos los efectores del Estado, tanto un centro de salud o una escuela, son responsables de proteger los derechos de los niños; lo que significa que la responsabilidad sobre el mismo empieza a distribuirse en los diferentes estamentos públicos  que conforman el Sistema de Protección”.

 

Los niños y las medidas excepcionales

En la provincia de Santa Fe la aplicación de esta legislación nacional se realiza mediante la sanción en el año 2008 de la ley nº 12967, que conlleva  una readecuación de los cuerpos legislativos y  procedimentales para planificar  y accionar con la  nueva lógica, particularmente con la denominada medida excepcional.

“En la primera etapa del estudio encontramos que muchos  niños no tenían determinada sus medidas excepcionales,  es decir, nadie había dicho por qué ni por cuánto tiempo tenían que estar allí, ni tampoco quién iba a tramitar su egreso” rememora la investigadora  y menciona:  “si bien al final del año pasado casi  todos los chicos sí tenían su medida excepcional definida,  la misma finaliza a los 90 o 180  días, según se prorrogue o no, y evidenciábamos que no había una continuidad  que resolviera los motivos o causas que llevaron a su iniciación,  como puede ser el comienzo de un proceso de adopción o alguna otra medida alternativa que restituya sus derechos vulnerados”.

Para la investigadora el problema del tiempo de la estadía es un vacío importantísimo ya que los chicos desde el primer día que llegan a su lugar de alojamiento se preguntan: “¿cuando me voy de acá?”

“Muchas veces los profesionales toman esas medidas con las mejores intenciones,  pero no piensan qué pasa después con el chico en una institución, y por lo general, más allá de las condiciones en que se los alberga siempre están pensando cuándo se irán, lo que implica para ellos una situación de incertidumbre muy fuerte.”

Frente a este panorama, Ripoll sostiene  que “a medida que se va implementando la ley, tanto en prácticas concretas y los nuevos problemas que éstas generan, se construyen nuevos dispositivos como la modificación realizada al final del año  pasado conla Ley 12.967, en la cual se describen los procedimientos a realizar cuando culmina la medida excepcional  o la creación del  Equipo  Provincial de Vinculación Familiar Permanente; que permite iniciar un proceso de vinculación definitiva de ese niño cuando no puede regresar con su familia de origen y se hace necesario pensar en otras alternativas”.

Por otra parte la investigadora sostiene que la nueva ley nacional deja sentado el derecho de los niños a tener conocimiento de su situación, “hay  un punto de la ley  donde se menciona que el niño debe conocer los motivos de su alojamiento. Tiene que saber que  hay un derecho vulnerado y que la intención es restituirlo; y en la entrevistas que  hicimos los niños no  tenían en claro por qué estaban allí, si  bien el discurso del antiguo sistema tutelar no estaba, reflejado en frases como el juez me trajo o me envió una asistente social;  veíamos que en vez de estas figuras de autoridad expresaban enunciados como  a mi me trajo Marina o vine porque la seño dijo que tenía que estar acá, es decir, decían  nombres de personas, lo que  marcaba un cierto impacto de estos cambios generados a partir de la ley”.

Por último la investigadora sostiene  que “el desafío está puesto más que nunca en las políticas públicas, tanto en cómo generar equipos de profesionales, en sistematizar sus pasos para la intervención y así garantizar hasta asuntos minuciosos cómo la confección de un informe; todos pasos necesarios  para otorgar  garantía real de los derechos de los niños. Y en este sentido, dirigimos nuestros próximos objetivos”.

 

Para seguir leyendo:

Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes: Antiguas Prácticas para una Nueva Perspectiva Argentina -Trabajo nº 146-. Efimia Lagiú, Graciela Martínet, Silvina Fernández y Sandra Ripoll.

Los derechos de los niños/as y adolescentes y las políticas públicas. Revista Cátedra Paralela nº año 7 2010.  Efimia Lagiú, Graciela Martínet, Silvina Fernández y Sandra Ripoll.

 

*Sandra Ripoll doctoranda en Trabajo social porla UNR,  docente en el  Taller de Aprendizaje I e Introducción ala Práctica Profesional II, además es profesora adjunta del Seminario de Infancias y directora del Departamento de Prácticas Profesionales de la carrera de Trabajo Social enla Facultad de Ciencia Política y RRII.

 

Equipo de investigación.

“Las medidas de excepcionalidad establecidas a partir dela LEY DEPROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES (NRO. 26061), desde la perspectiva de los niños alojados en el Hogar Colonia Astengo del Gran Rosario”.

Directora: Efimia Lagiú. Integrantes: Graciela Martínet, Silvina Fernández, Ana María Cámpora y Sandra Ripoll.

Nota realizada por la Dirección de Comunicación de la Ciencia– UNR

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