Actualmente, para desarrollar un plan de arbolado o para extender el recorrido de un colectivo a una localidad como Granadero Baigorria o Funes, por elegir dos ejemplos, la ciudad necesita el aval de la provincia.
La autonomía de Rosario y de todos los municipios santafesinos, acordada esta semana por la convención constituyente provincial, permitirá agilizar esos procesos, entre muchísimos otros. Pero también habilitar otras posibilidades, como por ejemplo, en el manejo de recursos o en la determinación de mecanismos de participación ciudadana. Transformaciones que permitirán ampliar las atribuciones de las intendencias, el eslabón de gobierno más cercano a la ciudadanía.
El puntapié inicial de todos estos cambios se dará cuando la ciudad empiece a discutir la nueva Carta Orgánica, el texto que regulará el funcionamiento institucional, político, económico, social y territorial de la ciudad. El modelo para mirar más cercano, coinciden los especialistas, es el de la ciudad de Córdoba una de las primeras del país en lograr autonomía, lo que le permitió gestionar sus propios recursos y ejercer un mayor control sobre sus decisiones territoriales.
El lunes pasado, la comisión redactora de la constitución provincial aprobó los artículos que declaran la autonomía municipal, en el ámbito institucional, político, administrativo, económico y financiero. Y además reconoce la potestad de todos los los municipios con más de 10 mil habitantes para dictar sus propias cartas orgánicas.
Para entender la magnitud del cambio que la nueva carta magna santafesina propone basta pensar en la realidad actual. Las ciudades se rigen por la ley orgánica de municipalidades, sancionada en 1986, que resulta igual para ciudades populosas como Rosario o Santa Fe y otras más pequeñas como Helvecia, Alvear y Villa Minetti, por nombrar apenas a las últimas comunas declaradas ciudad el año pasado.
Ahora, cada ciudad podrá tener su Carta Orgánica, con una visión más cercana a la realidad de cada lugar, con el objetivo de organizar la administración pública, la atribución de recursos, los mecanismos de democracia directa y participación ciudadana y las reglas para la integración de regiones, áreas, asociación o articulación con otros municipios o la provincia.
«Los municipios han ido adquiriendo cada vez más atribuciones de tipo administrativas y complejizando sus gestiones; además constituyen el eslabón más cercano para la ciudadanía. En este sentido, la autonomía es una oportunidad de desarrollo y crecimiento», afirma María Laura Sartor Schiavoni, licenciada en Ciencia Política, magister en estudios electorales, docente e investigadora de la Universidad Nacional de Rosario.
La Capital consultó a distintos especialistas _investigadores y asesores de diferentes bloques en la reforma de la Constitución Provincial_ en un intento por anticipar los cambios que la autonomía deparará para la vida de los rosarinos. Un intento por anticipar un futuro que no aparece tan lejano.
Sartor Schiavoni destaca que la autonomía municipal constituye una deuda histórica, no sólo a nivel de Rosario, sino a nivel de la provincia de Santa Fe y recuerda que este tema está planteado desde la reforma de la Constitución Nacional de 1994. «Desde entonces es una agenda pendiente en nuestro territorio y que numerosas veces ha sido tema de reclamo -y debate- en nuestra ciudad», apunta.
En este sentido subraya que la sanción de la Constitución provincial «es sólo el primer paso que habilita la posibilidad a pensar y plasmar, en una Carta Orgánica aspectos fundantes del régimen municipal». Y si bien advierte que la declaración de autonomía «no transforma en sí misma la vida de la ciudadanía ni de la ciudad, abre un escenario de oportunidad, en el que hay una responsabilidad política, no sólo de los actores institucionales actuales, sino también de la ciudadanía para que sea un verdadero proceso constituyente local».
Rosario, ciudad de innovación
«Rosario ha sido siempre una ciudad de innovación», destaca la investigadora y pone como ejemplo los procesos de descentralización, el Presupuesto Participativo, la política municipal de salud o las políticas de infancia y cultura. «La autonomía, y sobre todo el dictado de una Carta Orgánica permite no sólo plasmar esos procesos, institucionalizarlos, sino también posibilitar otros, como por ejemplo, nuevas competencias administrativas o ordenamientos de la ciudad», analiza.
Ese es el camino que empezará a recorrerse a partir de ahora. «Hay temas que son actualmente competencias provinciales, como por ejemplo el desarrollo y planificación urbana y las áreas metropolitanas. Estos dos núcleos comprenden muchos temas, como la reglamentación del uso del suelo (se hace mucho hincapié en el cuidado ambiental y el desarrollo sustentable); hay que pensar entre los temas metropolitanos aspectos centrales de la vida cotidiana, como el transporte o el tratamiento de residuos, que son imposibles de ser pensados desde los límites locales».
Por otro lado, afirma, hay dos aspectos que son clave en términos de posibilidad de alcance real de los procesos de autonomía. El primero tiene relación con lo político: la organización de elecciones queda en el ámbito provincial, lo mismo que los mandatos y su duración. Pero, también, «abre posibilidades, como por ejemplo que el cuerpo legislativo pueda cambiar de distrito único a una elección por circunscripciones, de sumar el cargo de viceintendencia o instituciones de participación ciudadana. Estos serán debates clave en materia de distribución del poder político» señala.
Por otro lado, «la materia clave de debate será la fiscal, en el sentido de trabajar coordinadamente con la provincia para que la descentralización de nuevas competencias administrativas se dé en conjunto a los recursos financieros, de forma que sea sostenible».
En síntesis, destaca, «la sanción de la autonomía es un primer paso, que abre una agenda rica de debate y posibilidades para la ciudad, de institucionalizar procesos -y garantizarlos para próximas generaciones-, pero también de proyectar nuevos horizontes que deberían ser plasmados tanto en el debate por su Carta Orgánica como en la ejecución de las políticas públicas de los próximos años».
Fuente: La Capital