Por estos días la sociedad de Venezuela vive una crisis política, social y humanitaria, y desde la Facultad no podemos dejar de manifestar nuestra honda preocupación frente a estos hechos. A continuación un análisis y aporte desde la academia para pensar la actualidad que transita este país.
La situación que se vive por estos días en el país venezolano ha generado un clima de inseguridad ciudadana, de restricción de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y de violación de los derechos humanos. La escalada de violencia, implementada desde el Estado y de sus guardias pretorianas, ha provocado el doloroso saldo de más de cien muertos, y de centenares de heridos y detenidos en los últimos meses entre las personas que masivamente manifestaban, protestaban y ejercían el derecho de paro en defensa de sus libertades. Ante una agobiante crisis económica, el malestar y la indignación de la mayoría de la población se han acrecentado, frente un inerte gobierno que no permite el acceso a los servicios básicos de alimentación, medicamentos y sanitarios. El resultado es una amplia polarización política y social degradante de las instituciones de la República Bolivariana. En este contexto, el régimen político del Presidente Maduro ha disminuido sensiblemente su legitimidad de ejercicio.
La concentración del poder en manos del Ejecutivo, el desconocimiento más absoluto de la Asamblea Legislativa, en donde la oposición hoy cuenta con mayoría, y el férreo control del Tribunal Supremo, muestran con claridad la deriva hacia un régimen que ha abolido la separación de poderes. Esta separación es la base de la república y de la democracia, y afecta la legitimidad de origen.
Sin desconocer la realidad geopolítica regional y global, el gobierno nacional transita por caminos irregulares: ha bloqueado el referéndum revocatorio -previsto en la Constitución Bolivariana-, ha postergado las elecciones a gobernador, y ha intentado un autogolpe. Recientemente ha convocado a una Asamblea Constituyente, considerada inconstitucional en todos sus términos, que ha merecido el rechazo de las oposiciones y de la inmensa mayoría del pueblo venezolano. Esta propuesta, como se ha visto en los hechos, lejos de resolver la crisis la ha agudizado.
Manifestamos solidaridad con el compromiso de un proceso democrático, participativo y plural, que implique iguales derechos y libertades para todos, con expreso reconocimiento de la diferencia; se garantice la paz y se abran nuevas vías efectivas de diálogo político. Con ese espíritu, un calendario electoral debería ser confirmado para que los ciudadanos venezolanos se puedan expresar libremente a través de las urnas. Como ha sido reconocido mundialmente por Cartas y Declaraciones de Organismos Internacionales, la Paz es un derecho humano. La garantía de una convivencia democrática anclada en los derechos humanos es la única salida justa y real a la crisis que paraliza y desgarra a la sociedad venezolana.
*Por Hugo Quiroga. Docente de Teoría Política II en la Lic. en Ciencia Política de nuestra Facultad.